[Una foto, una historia feminista] La caravana del hambre: las mujeres por la dignidad en las minas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

 

Las mujeres han estado, en el pasado y el presente, al frente de las principales protestas por los derechos de quienes trabajan en las minas en México, una industria que a lo largo de los años ha cobrado la vida de miles de personas y ha causado daños medioambientales irreversibles en México. 

La foto de esta nueva entrega de la sección Una foto, una historia feminista se titula Mujeres y mineros de Nueva Rosita con carteles durante la caravana del Hambre. Se le atribuye al fotógrafo Agustín Víctor Casasola. 

En la imagen se observa a un grupo de mujeres y un niño que avanzan en grupo, mientras sostienen pancartas con ilustraciones de mineros trabajando y la leyenda «Paremos la agresión a la clase obrera». 

La fecha de la fotografía se estima entre enero y marzo de 1951. En esa época se llevó a cabo en México una manifestación que recorrió a pie 1500 km desde una comunidad carbonera en Coahuila, llamada Nueva Rosita, hasta la Ciudad de México. Esta marcha se llamó originalmente Caravana de mineros, pero fue nombrada en la prensa como Caravana del hambre, ya que entre las principales demandas de quienes participaron en ella estaba el derecho a la salud y la alimentación de las familias mineras. 

Aunque las investigaciones y notas de la época destacan la participación de 4 mil 200 mineros, las fotografías dan cuenta de muchas mujeres (probablemente la mayoría esposas, madres, hijas o hermanas de los mineros) que también participaron en la protesta en una posición activa. De acuerdo con datos recopilados en un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la caravana asistieron exactamente 100 mujeres y 30 niñas y niños, quienes atravesaron los estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y el Estado de México.

 

Nueva Rosita era una de varias comunidades formadas en la región carbonífera de Coahuila desde la década de 1920 por poblaciones migrantes que fueron atraídas por la promesa de oportunidades laborales en la industria minera. Las empresas Mexican Zinc Company y Carbonífera de Sabinas, del consorcio ASARCO, diseñaron y construyeron un centro habitacional minero para controlar a los obreros y hacerlos dependientes de la iniciativa patronal también en su vida social, explicó el investigador Ángel Bassols Batalla en un texto retomado en el sitio Memórica. 

En 1950, los trabajadores de la mina comenzaron una huelga en contra de las empresas del consorcio ASARCO porque los empresarios, respaldados por el gobierno del entonces presidente Miguel Alemán, redujeron las prestaciones laborales; cancelaron contratos de trabajo; limitaron la organización sindical y afectaron a toda la población, cuya vida dependía directamente de la dinámica laboral en las minas.

De acuerdo con Bassols Batalla, ASARCO intentó hacer desistir a los huelguistas por diversos medios, la mayoría ilegales: contrató esquiroles, retuvo salarios, clausuró la cooperativa de consumo que los abastecía de alimentos; congeló los fondos sindicales; cerró la clínica obrera; se censuró la correspondencia de los mineros y se suspendió el servicio de agua y alumbrado de las casas. Las y los ciudadanos eran detenidos, registrados e interrogados por patrullas federales que recorrían día y noche las calles de Nueva Rosita. 

El poblado fue declarado por el gobierno federal como «Estado de sitio» en el que los derechos básicos de la población fueron cancelados. De acuerdo con las investigaciones de esa época, debido a la falta de comida y atención médica, las niñas y los niños enfermaban por montones y la empresa amenazó a los médicos privados que les prestaran ayuda.

La huelga fue apoyada por diferentes actores, nacionales e internacionales, pero, de acuerdo con Bassols, la participación de las mujeres fue central. En Nueva Rosita se crearon asociaciones como la Alianza Femenil Coahuilense, encabezada por activistas como Lupe Rocha, Adela Ochoa, Juana Jasso y Amelia Mata, entre otras mujeres, la cual intervino como una instancia de mediación en el conflicto. 

“Otra destacada participante fue (la sindicalista y activista feminista) [sic] Esperanza López Mateos, quien incluso se trasladó a Nueva Rosita y ayudó en la organización de las mujeres y a conseguir víveres y medicamentos”, dijo el investigador. 

El Taller de Gráfica Popular fue quien les elaboró volantes y carteles para difundir la lucha de las y los carboneros. En otro artículo, el investigador José Rivera Castro destacó la participación de la comunista y sufragista Consuelo Uranga. 

 

La caravana 

Sin llegar a ningún acuerdo y en un estado de sitio, no sólo los trabajadores, sino las mujeres de sus familias enteras y todo el poblado de Nueva Rosita, y otras comunidades cercanas afectadas, emprendieron el 20 de enero la caravana que recorrió todo el país y que llegó hasta la Ciudad de México 49 días después, el 10 de abril de 1951. 

Durante la caravana, la participación de las mujeres también fue central y política. De acuerdo con los testimonios recabados por Rivera Castro, una integrante de la marcha llamada María Guadalupe Rocha habló en un mitin para pedir garantías y justicia para la clase obrera, criticó la cobertura de la prensa (que daba prioridad a la versión oficialista y desprestigiaba al movimiento), mencionó la intromisión de los Estados Unidos en el conflicto y exigió el respeto a los derechos de los trabajadores.

En su crónica sobre esta protesta, el escritor José Revueltas relató: «recuerdo los pies deformes de una mujer, Hortensia Álvarez, mientras refrescaba sus plantas agrietadas en un sucio charco de agua; recuerdo esos pies y aún me parece que escucho las palabras que la mujer me dirigió, en tanto sus labios se entreabrían magníficamente en una sonrisa llena de diafanidad y de orgullo: —Nos ampollamos y nos volvemos a ampollar, pero ni quien nos detenga».

Cuando la caravana llegó a la ciudad de México la esperaba un cerco policiaco y, de acuerdo con lo narrado en las investigaciones, el mitin que se intentó instalar frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia fue violentamente reprimido. Hubo un total de 100 personas lesionadas.

Las y los integrantes de la marcha nunca fueron recibidos ni escuchados por el presidente y, por el contrario, los mineros fueron despedidos y obligados a regresar a Coahuila en un tren compuesto de jaulas para ganado que fue proporcionado por el gobierno, una ofensa que los trabajadores rechazaron con dignidad, de acuerdo con el informe de la CNDH, quien además reconoció que este hecho fue el antecedente del periodo de violencia de Estado —conocido como guerra sucia— que se caracterizó por el uso de la fuerza para el silenciamiento y la represión de movimientos guerrilleros y, como hoy se sabe, comunidades habitadas por mujeres y niñas no militantes. 

 

La historia se repite

Como pasó entonces, en la actualidad las mujeres de familias mineras siguen estando al frente de las protestas por la defensa de los derechos laborales, la dignidad y la vida. Un ejemplo son las llamadas ‘viudas de Pasta de Conchos’, a quienes se les nombró así después de una de las mayores tragedias mineras ocurridas en nuestro país.

En 2006, 65 mineros quedaron atrapados en la mina 8 Pasta de Conchos, en Coahuila, propiedad del empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México, sobre quien pesa más de una tragedia ambiental y humana y a quien el gobierno federal sigue dando concesiones para la explotación de la tierra. 

De acuerdo con la documentación de la Organización Pasta de Conchos, confirmada principalmente por las esposas, madres e hijas de los mineros, las familias se enteraron de la tragedia por las noticias porque la empresa no les avisó. 

En las fotografías de aquellos días, se puede ver a grupos conformados casi totalmente por mujeres quienes esperaban información tras las rejas de la mina, iniciaron plantones, daban conferencias de prensa y organizaban movilizaciones. Hoy contabilizan 17 años y 173 días sin que se terminen de rescatar los cuerpos de los mineros. Ellas, junto a otros familiares que han heredado la lucha, siguen exigiendo justicia.