Feminismo

Jaqueline sí fue a denunciar a su asesino, demuestra libro de registro del Ministerio Público de Naucalpan

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Jacqueline Alba Cuello y sus dos hijas, Sofía Aideé y Brenda Yared, fueron asesinadas el 9 de diciembre por Pedro Rivera Hernández, ex esposo de Jacqueline, luego de que ella lo denunciara en el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Naucalpan, en el Estado de México. 

De acuerdo con lo que ha declarado la familia de Jacqueline, ella fue a denunciar a su agresor en tres ocasiones, pero el Ministerio Público de Naucalpan no siguió los protocolos de actuación para casos de violencia contra las mujeres, no levantó su denuncia, la envió a la Oficialía Calificadora y no le brindó medidas urgentes de protección.  

Fotografías del libro de registro de visitas (recibidas por La Crítica), evidencian que Jacqueline sí acudió a ese Ministerio Público el pasado 9 de octubre de 2019. La joven escribió en el cuaderno que el motivo de su visita era presentar una denuncia. 

Sin embargo, en lugar de iniciar una carpeta de investigación, las autoridades se conformaron con redactar un acta informativa de hechos, que no tiene las mismas implicaciones que una denuncia, ya que es un documento para hacer del conocimiento a la autoridad municipal un “acontecimiento no constitutivo de un delito”.

El Acta -con fecha del 9 de octubre de 2019 y folio 3035122294354- está firmada por el oficial calificador Abraham Quijada Hernández y por el secretario de oficina, Gilberto Parra Contreras. 

De acuerdo con ese oficio, ella únicamente declaró que dejó de vivir con Rivera Hernández el 30 de septiembre y que se llevó consigo a sus dos hijas menores de edad. 

No obstante, la familia de Jacqueline y activistas feministas han declarado a otros medios de comunicación y en diversos actos públicos que el Ministerio Público se negó a tomarle la declaración desde el principio y la canalizó a la Oficina Calificadora. Esto a pesar de que en dos de las tres visitas que realizó presentaba golpes.

Desde 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación las responsabilidades del Estado de México como consecuencia de tener una Alerta de Violencia de Género. Y se estableció que es obligación de todas las dependencias del Edomex que cuando conozcan de hechos probablemente constitutivos de un delito que implique violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas, adopten medidas para brindarles la máxima seguridad y protección a su integridad física y psicológica.

Para ello, los Ministerios Públicos y jueces pueden liberar órdenes de protección para prevenir, interrumpir o impedir actos violentos en contra de las mujeres. Estas medidas van desde la protección policial, la vigilancia del domicilio y hasta el traslado a refugios o albergues temporales no sólo de la víctima, sino también de sus hijas e hijos.

Hasta ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha dicho si castigara las omisiones de las autoridades de Naucalpan que no garantizaron medidas de protección a Jacqueline y no impidieron un triple feminicidio. 

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