Feminismo

Ángela quería dejar las drogas pero en el centro de rehabilitación la torturaron hasta la muerte

 Redacción La Crítica 

Sólo faltaba un mes para que Ángela Patricia Saucedo Elizondo cumpliera 17 años; quería estudiar psicología y ser tanatóloga. Quienes la conocieron dicen que seguro lo hubiera logrado, porque tenía un carácter fuerte e independiente y además era muy lista; por eso quería superar su adicción al cristal y a la mariguana, pero en cambio fue abusada sexualmente y torturada hasta su muerte por las personas que prometieron ayudarla en el centro de rehabilitación “Casa de Rescate Jesús Salva, Cambia una vida Femenil A.C.”,  en Santa Catarina, Nuevo León, donde su familia decidió internarla en febrero pasado. 

Causaron su muerte negándole la insulina que necesitaba tomar todos los días, desde que fue diagnosticada con diabetes tipo 1, hace 10 años. Hubo quien escuchó sus gritos suplicando su medicamento, que por favor alguien le llamaran a su mamá, que no la dejaran morir. Dicen que fue un castigo, tras haber sido drogada y abusada sexualmente por Jesús Pérez Padilla, un adicto a las drogas que dice haberse rehabilitado y  se ostenta como pastor cristiano. Es el responsable de varios centros de este tipo.

Según narraron otras víctimas y testigos, el pasado jueves 27 de febrero, Jesús Pérez llegó al centro cuando no estaba el vigilante y bajó de una por una a las seis jóvenes que estaban internas, entre ellas Ángela, para darles drogas como metanfetaminas y clorazepam y abusarlas sexualmente. Cuando su pareja, Aurora Rodríguez, se dio cuenta de lo que pasaba, decidió castigar a las jóvenes que habían sido abusadas y resguardar a Jesús Pérez en otro centro, “para su rehabilitación”. A Ángela le negó su insulina. 

Ese mismo día, Aurora llamó a las familias de las jóvenes y les dijo que el pastor había sufrido “un levantón” por hombres armados, y que debían ir a recoger a las internas. Pero a la familia de Ángela no les llamó. Fue hasta el día siguiente, el viernes 28 a las 11 de la mañana, cuando les llamaron para avisar que Ángela estaba mal y que urgía que fueran por ella, pero cuando llegaron al centro ella ya no tenía signos vitales. Nadie había llamado ni siquiera a una ambulancia. Fueron los familiares de Ángela quienes  pidieron los primeros auxilios, inservibles ya. Cuando el cuerpo de Ángela ya estaba frío llegó el equipo de rescate Jaguares de Santa Catarina, la policía municipal y luego los peritos.

A pesar de las denuncias de testigos y del relato de las otras víctimas, la Fiscalía de Nuevo León decidió no levantar cargos y no calificar como feminicidio la muerte de Ángela. Se negaron a realizar los peritajes necesarios para detectar el abuso sexual, con el argumento de que no encontraron indicios de golpes en su cuerpo. Se negaron a hacerle pruebas de si le fue suministrada o no la insulina que necesitaba, porque dijeron que no tenían el equipo necesario para realizarlas. Y aunque en los exámenes toxicológicos, Ángela resultó  positiva al consumo de clorazepam, no lo consideraron como evidencia. A la otra joven que denunció al pastor, por darles drogas para abusarlas sexualmente le dijeron que, por ser mayor de edad, había consumido y tenido relaciones bajo su consentimiento.

Hace unas semanas, la Fiscalía de Nuevo León decidió liberar por completo las instalaciones del centro de rehabilitación donde murió Ángela, porque dijeron que no encontraron evidencia de ningún crimen. El lugar aún se promociona en internet, como si nada hubiera pasado, en la calle Jose Maria Ibarra 240, en la colonia Cananeas, de Santa Catarina. 

Aunque la familia de Ángela temía denunciar todas estas irregularidades, han decidido hacerlo público porque los abusos continúan. Hace unas semanas, se enteraron de que  otra joven fue drogada y abusada sexualmente en ese mismo lugar, pero logró escapar. La mamá de Ángela sabe que los responsables de la muerte de su hija siguen haciendo daño: “No puedo dormir pensando en esas muchachas, es como si estuvieran en una cárcel”, dice.

La mejor amiga de Ángela, que la recuerda con alegría y fuerza, relató parte de lo sucedido en sus redes sociales y abrió un perfil en Instagram para denunciar lo que pasó; pese a los miles de retuits y comentarios, las autoridades de Nuevo León siguen sin responder.

 

Ángela tenía diabetes tipo 1 desde que tenía seis años

“Nos dicen los doctores que cuando se dieron cuenta ya estaba muy grave…Estuvo en coma 15 días. Me dijeron que cuando despertara tal vez iba a perder la vista. Despertó ilesa”, dice con orgullo su mamá.

Lo que más recuerda es que cuando Ángela nació no podía dejar de besarla, aunque su esposo le pedía que parara. “Era la más bonita, era la más fuerte. Cuando podía hacer algo lo hacía… ella no amenazaba, lo hacía”.

La diabetes infantil marcó a Ángela para siempre, la hizo más fuerte, pero también la hizo sentirse diferente. Se tenía que inyectar cuatro veces al día para mantener sus niveles de insulina. “Empezó a deprimirse. Empezó a ir a terapia, consumía mariguana”, recuerda su mamá.

Tuvo un noviazgo y estuvo muy enamorada hasta que le rompieron el corazón con una infidelidad. Y los problemas con las drogas se intensificaron, empezó a consumir cristal. 

“Me veía llorar cuando ella andaba de rebelde, me decía: ‘¡Ay, ya mamita, túmbate ese rollo!’”… “Muchas veces lloró conmigo, me decía ‘es que estoy cansada, ya no quiero consumir drogas, estoy cansada’”, recuerda su mamá.

Luego le viene el otro recuerdo de su cuerpo frío, “con sus ojitos abiertos, como pidiendo ayuda”, así la encontró en el centro de rehabilitación cuando fue a recogerla. La mamá de Ángela dice que en las noches le pide perdón a su hija por haberla internado; quería ayudarla a dejar las drogas.

 Los falsos pastores del centro engañaron a la familia de Ángela poco a poco

La mamá de Ángela conoció a Jesús Pérez y a su esposa Aurora Rodríguez como pastores cristianos. Recurrió a ellos porque una amiga de su hijo se los recomendó y a través de la religión se ganaron su confianza.

La familia empezó a ir a sus cultos religiosos. Empezaron lo que creían era una amistad con los pastores. Hacían células de estudios bíblicos en los hogares, y la mamá de Ángela prestó su casa para hacer esas reuniones. 

Jesús Pérez

“Lucraron con la fe de mi familia, para decirles que si metían a su hija con ellos, todo iba a estar bien. El problema es que son centros de tratamiento que no están regularizados”, explica otro familiar.

Ángela y su hermano habían sido internados en otros centros de rehabilitación antes, pero habían reincidido en su consumo de drogas. Su familia necesitaba ayuda para sacarlos de su adicción al cristal. Según declaraciones del que fue Secretario de Seguridad en NL hasta 2019, el uso del cristal en la zona se había incrementado hasta en un 70 por ciento, respecto los últimos años. Los Centros de Integración Juvenil en la entidad reportaron que los usuarios de drogas ilícitas, en específico mentanfetamina o cristal, que solicitaron tratamiento, se incrementaron en un 26 por ciento, del 2008 al 2018, lo que representa cuatro veces más de la media nacional.

En 2016, la Fundación Open Society presentó un informe sobre los abusos en los centros de rehabilitación de drogas de América Latina y el Caribe, y advirtió que de los 2 mil centros de rehabilitación registrados en México, sólo el 43 por ciento eran de regulación pública; del 57 por ciento restante, sólo una tercera parte contaba con registro, y la mayoría no cumplía con los estándares obligados para su operación. En el informe se advirtió de las practicas humillantes, de los secuestros y de los abusos que terminan en la muerte, que estos centros suelen practicar combinados con el control religioso, pero nada ha cambiado.

No es la primera vez que los centros registrados como Casa de Rescate Jesús Salva son motivo de noticia. En mayo de 2019, 22 jóvenes se escaparon de uno de estos centros, en la colonia Sombrillas, también en Santa Catarina. Los vecinos denunciaron que escucharon disparos. El autodenominado pastor, Jesús Pérez, dijo que eran conflictos menores y el hecho no fue investigado.  En aquel entonces cobraban 800 pesos quincenales, por cada joven interno, y recibían donativos de todo tipo para su sustento. 

Aunque familia de Ángela tiene miedo de las represalias que estas personas pueden tomar, ante la impunidad que las autoridades les regalan, es mayor el miedo de que más jóvenes y mujeres sean abusadas y asesinadas en estos lugares. El recuerdo de Ángela, la joven que rescataba a cuanto animal desprotegido encontraba en la calle, hace que su mamá comparta su historia,  para exigir que no se repita.

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