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Activistas salvadoreñas luchan para despenalizar el aborto

Por Heather Gies

La lucha por el aborto seguro se calienta en el país centroamericano donde un feto vale más que la vida de una mujer.

Activistas feministas en El Salvador entregaron el pasado 10 de agosto más de 89 mil firmas al congreso en apoyo de la despenalización del aborto en cuatro causales, marcando una nueva presión en San Salvador para cambiar la ley que ha criminalizado injustamente a decenas de mujeres en el país centroamericano.

Las firmas se recogieron al nivel mundial a través de una petición en la plataforma Avaaz después de que la campaña por la descriminalización del aborto ya contaba con el apoyo tanto de decenas de organizaciones nacionales como unas organizaciones de derechos humanos internacionales como Amnesty Internacional.

Les pedimos que permitan la interrupción del embarazo en casos extremos, cuando la vida y salud de la madre están en riesgo,” pide la petición, direccionada al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos del partido conservador GANA, y los demás diputados. “Ustedes tienen el poder de mejorar la vida de miles de mujeres y niñas en El Salvador, contamos con ustedes para que lo hagan inmediatamente.”

En El Salvador el aborto está estrictamente prohibido, incluso en casos de violaciones, embarazo de niñas, y cuando la salud de la mujer está en peligro. El primer artículo de la constitución reconoce desde el año 1999 el derecho de la vida desde el punto de la concepción, pero la realidad que resulta de las leyes que tratan al aborto como si fuera un homicidio es que las vidas de los fetos importan más que las vidas de las mujeres.

Hay mujeres condenadas a hasta 30 años en la cárcel por abortar – a veces sin ni siquiera saber que estaban embarazadas al momento perder el bebé. La historia de Evelyn Hernández – una adolescente que fue condenada este año a 30 años de prisión por homicidio después de que sufrió una violación, quedó embarazada y luego perdió al bebé involuntariamente – se ha convertido en un caso icónico, pero es uno de muchos parecidos.

Este no es el único caso en El Salvador – cientos de mujeres han sido investigadas por sufrir abortos espontáneos o de emergencia,” explica la petición, hablando del caso del Evelyn. “Una propuesta de ley que podría cambiar esto, lleva estancada meses en la Asamblea Legislativa.”

La defensa de Evelyn ha pedido la anulación de su sentencia. Como muchas de las víctimas de esta criminalización injusta, Evelyn es una joven pobre condenada sin pruebas directas.

El proyecto de ley de la despenalización en cuatro causales se introdujo el año pasado por una diputada del FMLN y ha ganado el apoyo de la Ministra de Salud y varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. La Organización de Naciones Unidas ha llamado varias veces por la despenalización del aborto en el país, junto a otras organizaciones reconocidas.

Si fuera aprobado, el proyecto de ley despenalizaría el aborto en cuatro casos específicos: casos de violaciones, violaciones de niñas, cuando la vida de la mujer está en peligro, y cuando el feto no es viable. La ley retornaría el país a la situación jurídica que existía antes del cambio de la ley del aborto en el 1998 y le haría a El Salvador consistente con el estándar internacional de tratar el aborto como un asunto de salud pública, no de ideología ninguna.

Mientras tanto, otro proyecto de ley impulsado por la oposición derechista propone incrementar las penas por abortar en El Salvador hasta 50 años de prisión.

La entrega de las firmas viene poco tiempo después de que se aprobó una ley para despenalizar el aborto en ciertos casos en Chile, un logro importante para el movimiento feminista en ese país y la lucha internacional para proteger los derechos humanos de las mujeres. Después de este cambio en Chile, en la región de la América Latina y el Caribe quedan El Salvador, Nicaragua, y la República Dominicana con una prohibición completa del aborto.

Para El Salvador, el siguiente paso será un debate sobre la medida propuesta en la Asamblea Legislativa y la votación, que se espere en las próximas semanas.

 

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