[Entrevista] Colima sin esperanza: la historia de una defendora de DDHH exiliada

Ana Monserrat Cárdenas Rojas

Esperanza Salazar Zenil llegó de la Ciudad de México (CDMX) a Colima para defender los derechos humanos.

Su presencia en Colima incomoda: lo confirmó cuando en un poste de electricidad en Zacualpan vio una muñeca vudú amarrada con su nombre escrito con letras rojas.

Esperanza es presidenta de Bios Iguana A.C., una organización dedicada a la protección ambiental y a la defensa del territorio que nació en 1994 en “El Chupadero”, una playa del municipio de Tecomán. Hoy, a más de dos décadas de su fundación, Bios Iguana posee uno de los registros más amplios en agresiones en todo el país según organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Los resultados obtenidos por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C (CEMDA), en su Informe sobre la situación de los defensores ambientales en México 2015 indican que:

De los 109 casos de agresiones a defensores ambientales que se registraron ese año, en 49 casos el autor es no identificado, en 37 el o los ataques fueron ejecutados por personas identificadas como autoridades, en 13 casos por miembros de la comunidad (generalmente por personas a favor del proyecto), en 7 casos los autores fueron identificados como personas relacionadas con la empresa que promueve el proyecto y por último, en 3 casos el agresor fue identificado como personas ligadas a la delincuencia (CEMDA, 2015).

Entre las agresiones que puede llegar a sufrir un defensor o defensora se encuentra la difamación, criminalización, amenazas, detenciones ilegales, daños físicos, uso indebido de la fuerza pública y el asesinato, así como allanamiento, los desalojos, intimidación y campañas de desprestigio.

Espe, como la llaman todos, suele vestir con blusas bordadas y botas toscas; en su rostro no se nota cansancio ni miedo. Se ve segura, decidida.

Hace 23 años Espe vino a conocer Colima. Sus amigos la invitaron a recoger huevos de tortuga a las playas de Tecomán, donde tres especies diferentes desovan. Una de las noches que pasó ahí, mientras hacían la recolección cerca del centro de protección que resguardaba que los depredadores – animales y humanos- no acabaran con los huevos, encontraron una tortuga golfina que agonizaba desangrándose por las cuchilladas que los cazadores furtivos le habían hecho para acelerar su parto y no ser descubiertos mientras la despojaban de sus huevos. Ni ella ni sus amigos pudieron salvarla.

Días después del incidente fueron nuevamente testigos de una escena horrible: se toparon con un hombre que llevaba una iguana verde en un costal. La iguana aún estaba viva, pero le habían arrancado las uñas para anudar sus tendones sobre el lomo. Por ese acto “tan inhumano y cruel” quisieron nombrarse Bios Iguana.

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Zacualpan es una comunidad indígena nahua del municipio de Comala que está a 40 minutos de la capital colimense. Desde 2013 lucha contra de la instalación de una mina a cielo abierto en las cercanías a El Ojo de Agua, un centro eco-turístico donde llega el agua nacida en las montañas de la Sierra de Manantlán, y de donde se abastecen del vital líquido más de 300,000 personas de la zona conurbada de Colima, según la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), que en su página web indica que “hay asegurados 300 litros por persona, con agua de primera calidad proveniente del Acueducto Zacualpan” (CIAPACOV, 2017).

La comunidad se opuso al proyecto minero en tres diferentes asambleas, sin embargo, Carlos Guzmán Teodoro, entonces presidente de Bienes Comunales, no asentó ante el Registro Agrario las actas correspondientes donde se acordaba este precepto, y junto al concesionario de la mina, Rigoberto Verduzco Rodríguez, ofreció a los habitantes 15 mil pesos a cambio de aceptar la extracción de metales preciosos en su territorio, pero el pueblo terminó por destituirlo. (Redacción, 2013)

Luego de esto, los comuneros quisieron conocer las consecuencias que un proyecto de tal magnitud traería a sus vidas, por eso, a través de una estudiante zacualpense pidieron a Bios Iguana asesoraría, y al comprender el daño que los procesos mineros ocasionarían a ellos, a sus animales y a su agua, invitaron a la organización a quedarse para luchar juntos por la derogación de la concesión minera. Fue entonces que se creó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) con algo que nunca se había visto en el pueblo: una lucha encabezada por mujeres.

Desde entonces, y como lo describe la petición de denuncia que Bios Iguana interpuso en el 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar al Estado Mexicano (Bios Iguana, 2015), Esperanza y sus compañeros y compañeras han sufrido amenazas de muerte, golpizas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, persecución por parte de fuerzas policiales y de desconocidos civiles, agresiones en la vía pública, campañas de desprestigio por parte de Mario Anguiano, ex gobernador de Colima y miembros su gabinete, intervención de sus medios de comunicación y declaraciones de funcionarios públicos acusándolos de intentar formar autodefensas y de tener sembradíos de marihuana en la comunidad.

Con más de ochenta incidentes registrados relacionados con esa concesión minera (2015), Bios Iguana es una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más amenazadas y agredidas del país, como lo explica Claudia Virginia Samayoa, coordinadora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), quien también funge como peticionaria en la denuncia: “Bios Iguana se encuentra en la misma situación que las organizaciones en Guatemala durante tiempos de la guerra civil” (2015).

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La infancia de la ambientalista fue preciosa, cuenta. Pasaba sus días con sus amigos en  los bosques de San Bartolo Ameyalco  recolectando  hongos, frutas y flores. Desde niña su madre, “que amaba y defendía la naturaleza y la vida”, le inculcó la defensa de los derechos, las tradiciones y la medicina ancestral. Esperanza recuerda que la acompañaba a las marchas y a las actividades por la defensa del agua en su pueblo, que al igual que Zacualpan también resguarda un manantial.

Mientras vivía en la CDMX, Espe trabajó como bibliotecaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y dio clases en la Universidad del Valle de México, pero ahora se desempeña como artesana, vendiendo pulseras, aretes y collares hechos por ella en tianguis culturales.

La activista asegura que su labor como defensora de derechos humanos ha sido lo más gratificante que le ha ocurrido. Ha visto como las mujeres se han empoderado y han emprendido un trabajo férreo de defensa. “La gente sólo necesita de información para darse cuenta del daño del que el planeta está siendo víctima, y eso es lo que Bios Iguana les lleva, información, para defender lo que es de todos”.

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El rechazo a la construcción de un desarrollo habitacional en el Parque Regional “Griselda Álvarez”; la ampliación del puerto de Manzanillo, que acabaría con más de 60 hectáreas de manglar; la instalación de la Gasera Zeta y la construcción de la regasificadora de Manzanillo, que contaminaría La laguna de Cuyutlán, son algunas de las luchas que Esperanza y las y los integrantes de organización han llevado a lo largo de los años, aunque muchos de esos proyectos se han impuesto de “manera ilegal” por el Estado, asegura.

Por la negativa del gobierno del estado de brindarles los recursos económicos que venía otorgándoles desde 10 años atrás, El Museo de la Iguana, que la asociación civil había abierto a finales de los 90 donde permanecían 130 iguanas verdes, se daba educación ambiental a estudiantes y se realizaban actividades de concientización ecológica, tuvo que cerrar sus puertas luego de que en 2007 denunciara penalmente al gobernador de ese entonces, Silverio Cavazos, por el daño provocado por la regasificadora y el Puerto al medio ambiente, recuerda Esperanza.

En esa ocasión Espe tuvo que enfrentar un proceso penal para no ser encarcelada junto con cuatro de sus compañeros por “sabotear” a la empresa coreana KMS responsable del proyecto. Desde entonces las agresiones no han cesado.

Actualmente gracias a los vínculos que Bios Iguana ha logrado establecer con distintas organizaciones como la Red de Afectados por la Minería (REMA); el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos  (MAPDER); la Red Todos los Derechos para Todos; el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4); MiningWatch Canada y Amnistía Internacional, ha podido sobrellevar las situaciones de represión y criminalización de las que han sido víctimas. “Han estado en todo momento con nosotros y nos han apoyado en lo que necesitamos”, afirma la ambientalista.

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En marzo de 2014, al no recibir respuesta de las autoridades sobre el rechazo a cualquier tipo de megaproyecto en su pueblo, los comuneros de Zacualpan tomaron las bombas de agua que traen el líquido hasta la ciudad. Fueron reprimidos por más de 150 granaderos y una tanqueta enviada por el secretario de gobierno de ese entonces, Rogelio Rueda.

Un año después, el 3 de marzo de 2015, La Misión Internacional y Nacional de Observación sobre el caso Zacualpan, integrada por organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas, visitó la comunidad y fue atacada, junto con Bios Iguana, por el grupo del ex comisario comunal, Carlos Guzmán, vinculado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A pesar de esto, el ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) se limitó a decir que la caravana “venía en un plan agresivo, cuestionando a todo mundo, desde el Gobierno del Estado, hasta la Comisión”, acusó a las organizaciones de “ningunear” a las autoridades colimenses y no intervino de manera adecuada en los problemas en la comunidad, según Esperanza Salazar.

Pero Bios Iguana asegura que la asociación seguirá haciendo trabajo de prevención en lugares donde hay concesiones mineras o proyectos de represas. La idea, dice Espe, es “volver a incorporar gente que quiera trabajar con Bios Iguana para dar seguimiento a este y otros casos”, pues lamentablemente por las amenazas y represalias en su contra han perdido a muchos miembros, quienes han tenido que abandonar el estado para salvaguardar su seguridad o han decidido separarse de la organización por temor.

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De acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México sigue siendo un país extremadamente riesgoso para las personas defensoras del medio ambiente: entre 2010 y 2016 únicamente, se registraron al menos 303 ataques, 63 de ellos ocurridos hasta junio de 2016.

Además, identificó que los tipos de megaproyectos donde más se registraron casos de agresiones son los hidráulicos, de infraestructura, hidroeléctricos y mineros, como el que asedia a Zacualpan.

En una sociedad donde el machismo impera, la situación que viven las mujeres defensoras encrudece.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) junto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) estima que México ocupa el segundo lugar de la región mesoamericana en agresiones contra mujeres activistas con al menos cuatro ataques semanales, la mayoría provenientes de servidores públicos (2016). En Colima, según sus cifras, del año 2013 al 2016 han ocurrido 21 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos (2016).

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Hoy Esperanza ya no vive en Colima. Decidió irse cuando a una de sus compañeras la amenazaron con “partirla en pedacitos y meterla en bolsas de basura”. Ahora ha comenzado de nuevo en otro estado o en otro país, quién sabe.

“No quiero ser una mártir, de eso no se trata, por eso quise irme. En cualquier lugar habrá qué defender; el capitalismo y los Estados criminales están en todas partes”.

Al visitar Zacualpan ese 3 de marzo, la Misión se encontró con un despliegue de seguridad con civiles y granaderos portando armas y escudos, la misma tanqueta usada un año antes contra los indígenas, y con carteles y mantas elaborados por el grupo de Carlos Guzmán, con mensajes repudiando su presencia en la comunidad. Ahí fue donde Esperanza vio la muñeca vudú amarrada a un poste de electricidad con su nombre escrito en letras rojas.